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Según proyecciones, el Valle del Cauca dejaría de percibir cerca de 800.000 millones de pesos, recursos que pasarían a la cartera del Gobierno Central. Toro ha enfatizado que las rentas cedidas poseen un carácter constitucional y que un decreto no puede anular fondos ya asignados legalmente a los territorios.
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La estrategia de Bogotá coincide con los planes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de vender crudo a Estados Unidos, una decisión que podría destrabar otros acuerdos energéticos cruciales, como el reinicio de operaciones del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Esta infraestructura, de 225 kilómetros, conecta el Lago de Maracaibo con Puerto Ballenas, en La Guajira, y funcionó previamente entre 2008 y 2012 bajo un convenio de exportación de gas colombiano que se mantiene vigente hasta 2027.Aunque la importación de gas venezolano se perfila como una alternativa a corto plazo, su implementación dependerá de la recuperación del ducto y de nuevas inversiones.
Esta medida se acelera tras el fallo proferido en diciembre pasado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto. Dicha sentencia judicial ordenó al municipio tomar acciones para despejar el sector entre las calles 16 y 17 con carreras 20 a 23, tradicionalmente ocupado por cerca de 500 vendedores ambulantes de frutas y hortalizas.
La iniciativa, liderada conjuntamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se erige como un modelo de desarrollo vial sostenible, demostrando que la infraestructura moderna y la protección ambiental pueden coexistir.
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