La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha calificado como una “vulneración a los derechos fundamentales” el Decreto 1474 de 2025 del Gobierno Nacional, que establece un incremento del 5 al 19 por ciento en el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y tabaco. La mandataria advierte que esta medida unilateral pondría en grave riesgo programas sociales esenciales en el departamento, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la garantía de los servicios de salud.
Según proyecciones, el Valle del Cauca dejaría de percibir cerca de 800.000 millones de pesos, recursos que pasarían a la cartera del Gobierno Central. Toro ha enfatizado que las rentas cedidas poseen un carácter constitucional y que un decreto no puede anular fondos ya asignados legalmente a los territorios.
En respuesta, un bloque de 17 gobernadores ha anunciado acciones legales conjuntas, incluyendo una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La Gobernación del Valle ha manifestado que se acogerá a la excepcionalidad constitucional para no aplicar el impuesto a licores y cigarrillos, argumentando la defensa de la autonomía fiscal.
Además del desfalco regional, las autoridades alertan sobre un impacto económico negativo, estimando que el incremento impositivo elevaría el precio final del aguardiente entre un 30 % y un 40 %. Este escenario, advierten los mandatarios, generaría un incentivo directo para el contrabando y el comercio ilegal en el país.
El Gobierno Nacional, por su parte, ha rechazado la postura de los gobernadores. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tildó la actitud como un “mal ejemplo” y advirtió sobre la posibilidad de que incurran en prevaricato al no acatar la ley. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, también anunció que se desprenderán acciones legales contra los gobernadores por su anuncio.
Para buscar una salida concertada al conflicto, se ha programado una reunión entre los gobernadores y el Ministro de Hacienda para el próximo lunes 19 de enero.
