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La medida departamental responde directamente a las inquietudes de la comunidad rural, cuyos valores catastrales se dispararon debido a la aplicación de nuevas metodologías por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Este proceso de actualización obedece al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, un mandato que forma parte del plan de desarrollo del Presidente Petro, cuyo objetivo es modernizar la información catastral en todos los municipios.
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La controversia escaló a través de redes sociales, luego de que la gobernadora Toro anunciara una revisión inmediata a los avalúos para “mitigar la carga económica” sobre el campesinado. Ella sostiene que los aumentos son producto de una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. La gobernadora insiste en la necesidad de ajustar las cargas catastrales para no asfixiar la economía del campo vallecaucano.
La Secretaría de Salud de Cali mantiene un seguimiento activo y permanente a los niños y niñas menores de cinco años a través de visitas domiciliarias y acompañamiento territorial. Estas intervenciones son cruciales para evaluar el estado de salud, identificar barreras de acceso a servicios y activar la Ruta de Atención Integral en Nutrición. Actualmente, 383 casos cuentan con seguimiento activo, y 256 menores han sido dados de alta por recuperación nutricional.
La medida obedece a una acción de tutela que exige la reubicación definitiva de los vendedores de vehículos que, de manera reiterada, han ocupado zonas no autorizadas de la vía, afectando significativamente la seguridad vial en este corredor principal de la capital nariñense. A pesar de que la administración municipal ofreció y acondicionó un espacio técnico en Mijitayo para formalizar su actividad comercial, un grupo persistente ha optado por mantener la ocupación irregular. Ante esta negativa reiterada, la Alcaldía ha implementado un enfoque sancionatorio que incluyó la imposición de comparendos pedagógicos y económicos, además de la restitución inmediata del espacio público.
Según Harman, el principal obstáculo para el desarrollo efectivo de la Reforma Agraria es la compleja coordinación con las autoridades territoriales y la Fuerza Pública. Esta falta de cooperación “ha limitado significativamente la capacidad de avanzar en la recuperación y entrega de tierras al campesinado y comunidades étnicas del departamento”.
Al ser el salario mínimo la base mínima de cotización permitida por la ley, ningún trabajador independiente puede pagar salud y pensión sobre una cifra inferior a los $1,7 millones. Esto implica un salto significativo en la planilla mensual:
En 2025: El aporte total era de aproximadamente $413.000.
En 2026: El pago asciende a $508.000.