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Hechos de relevancia en todo el país que afectan o involucran directamente al Pacífico colombiano.

El anuncio se destaca por la implementación de un esquema diferencial de reconocimiento de recursos, diseñado en coordinación con el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Este esquema diferencial de la NUEVA EPS está dirigido inicialmente a hospitales de baja complejidad ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6, considerados territorios apartados y con condiciones especiales de operación.

Diana Caruso, directora de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, explicó que el borrador del decreto no persigue una repatriación masiva y abrupta de capitales, sino una gestión gradual y complementaria a los límites ya existentes. “Lo que busca este proyecto de decreto es establecer un límite agregado que no elimina los límites existentes, sino que los complementa”, aclaró Caruso.

La acción unilateral ha sido interpretada por analistas como un intento desesperado de desviar la atención del fracaso gubernamental interno. Noboa declaró que la tasa se mantendrá hasta que exista un “compromiso real” de Colombia para enfrentar juntos el crimen organizado. Sin embargo, en un discurso que muchos califican de “victimista”, el mandatario lamentó que, a pesar del déficit comercial anual con Colombia que supera los 1.000 millones de dólares, sus militares sigan enfrentando solos a grupos criminales ligados al narcotráfico.

Esta reducción, según el jefe de la cartera económica, es solo el “primer paso” de un potencial de ajuste en el precio de la gasolina que podría alcanzar hasta los $3.000. El saneamiento del FEPC ha sido significativo: la brecha entre el precio internacional y el interno se ha cerrado, y la deuda se redujo de $26,3 billones en 2023 a $7,2 billones a junio de 2025.

Históricamente, el mantenimiento de los precios de los combustibles estables en el diésel se ha sostenido, en parte, gracias a los excedentes generados por la cotización más alta de la gasolina. Con la bajada de la gasolina, estos excedentes se reducen, aumentando la presión sobre el FEPC y forzando potencialmente al Gobierno a trasladar ese desbalance al costo del ACPM, lo que implicaría mayores gastos operativos para los transportadores de carga.

La estructura de los aportes a salud 2026 se mantiene inalterable, según lo establecido en el Artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Los jubilados que perciben ingresos superiores a tres salarios mínimos deben aportar el 12% de su mesada al sistema de salud. Por su parte, quienes se ubican entre dos y tres salarios mínimos cotizarán el 10%, mientras que los pensionados que devengan un salario mínimo realizarán un aporte del 4%.El cambio en el valor descontado está anclado a la base de cálculo. El Salario Mínimo en Colombia para 2026 se fijó por decreto presidencial en dos millones de pesos mensuales, compuesto por un salario base de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095. Esta cifra es la referencia para la pensión mínima, lo que naturalmente eleva el valor total del aporte.

La estrategia de Bogotá coincide con los planes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de vender crudo a Estados Unidos, una decisión que podría destrabar otros acuerdos energéticos cruciales, como el reinicio de operaciones del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Esta infraestructura, de 225 kilómetros, conecta el Lago de Maracaibo con Puerto Ballenas, en La Guajira, y funcionó previamente entre 2008 y 2012 bajo un convenio de exportación de gas colombiano que se mantiene vigente hasta 2027.Aunque la importación de gas venezolano se perfila como una alternativa a corto plazo, su implementación dependerá de la recuperación del ducto y de nuevas inversiones.

La urgencia de establecer un diálogo con la nueva administración venezolana es crítica para Colombia. La canciller Villavicencio subrayó la necesidad de abordar temas sensibles como un inminente “inmenso éxodo” de venezolanos, la situación de las poblaciones colombiana y venezolana en ambos territorios, la gestión de los flujos comerciales, la seguridad en la frontera compartida y la protección de las “familias mixtas”.