El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha tomado una decisión políticamente arriesgada al impulsar la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares hasta los 10 días, utilizando la figura del real decreto ley. La medida busca que este derecho, que actualmente se limita a dos días (cuatro con desplazamiento), entre en vigor de forma inmediata, rompiendo con la visión tradicional que ha tratado el duelo solo como un trámite administrativo.
El acuerdo para los 10 días de duelo laboral se alcanzó en diciembre con CC OO y UGT. Sin embargo, la patronal CEOE y Cepyme se opusieron, argumentando que el coste de estas políticas de cuidado debería recaer sobre el Estado y no sobre las empresas. Este rechazo ha provocado que el Partido Popular ya haya anunciado su voto en contra en el Congreso.
El uso del real decreto ley permite a Trabajo saltarse la larga tramitación parlamentaria, activando el derecho al día siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, esta vía implica una fecha de caducidad: la norma debe ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. La situación crea una paradoja jurídica: el derecho a los 10 días de permiso podría ser disfrutado temporalmente por algunos trabajadores para luego decaer si el Congreso lo tumba.
La clave de la votación reside ahora en partidos como Junts y el PNV, que mantienen la llave de la aritmética parlamentaria. Consciente del alto coste político de votar en contra de una medida que apela a la experiencia universal del duelo, el Ministerio de Trabajo se adelanta al bloqueo, forzando a las formaciones políticas a “retratarse”.
Además de la ampliación a 10 días por fallecimiento, el acuerdo con los sindicatos incluye otros avances en materia de cuidados: una prestación de 15 días para cuidados paliativos y un día de acompañamiento en procesos de eutanasia. Esta propuesta busca situar el final de la vida y los cuidados en el centro del debate laboral español, aunque España aún se encuentra rezagada respecto a países como Portugal (20 días por cónyuge) o Francia (14 días por hijo menor de 25 años).
La estrategia del Gobierno es clara: gobernar incluso asumiendo riesgos, buscando activar derechos sociales sin esperar a consensos que parecen lejanos.
