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Esta medida de choque golpea un intercambio comercial bilateral que anualmente asciende a 2.800 millones de dólares. La balanza comercial se inclina significativamente hacia Colombia, con un superávit que supera los 1.000 millones de dólares frente a Ecuador. Las cifras oficiales indican que Colombia exporta cerca de $1.800 millones a su vecino, mientras que las ventas ecuatorianas al mercado colombiano apenas alcanzan los $900 millones. Este desequilibrio fue un factor clave en la justificación de la medida.
La administración municipal informó que el nuevo punto de concentración para la venta de carros usados es un lote en el sector de Mijitayo, el cual fue entregado a los comerciantes en comodato y adecuado con recursos del municipio. El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, hizo un llamado a la ciudadanía para que a partir de ahora realicen sus transacciones en este nuevo punto, y eviten acudir a la Avenida Julián Bucheli.
La fiscalización de la comunidad y la entidad se centró en dos puntos cruciales que impactan directamente en el desarrollo y la dimensión social de la zona. El primero de ellos fue la delicada situación de los habitantes de y en calle, presentes en el área de influencia del proyecto. Se abordó la necesidad urgente de establecer y consolidar estrategias de reubicación y atención integral que aseguren sus derechos y eviten la criminalización, mientras se avanza en la construcción del Parque Pacífico. La coordinación entre las autoridades y las organizaciones sociales es fundamental para un desarrollo que combine la infraestructura con la justicia social.
El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, destacó el papel crucial de los humedales en la regulación hídrica, el control de inundaciones, la purificación del agua y la protección de la biodiversidad, incluyendo especies migratorias. Las acciones se concentraron en procesos de restauración, limpieza, conectividad ecológica y, en algunos casos, la declaratoria de áreas protegidas.
Según el consolidado preliminar de la Gobernación de Nariño, las inundaciones han dejado un saldo de 2.443 familias damnificadas—1.443 en el área rural y 1.010 en el casco urbano— y cerca de 200 viviendas destruidas. La afectación se extiende a 42 veredas, un resguardo indígena, cinco consejos comunitarios y una junta urbana.
Lesmes fue enfática al señalar que los $800 mil millones girados al departamento son desconocidos para su despacho. La funcionaria solo tiene certeza de la existencia de dos proyectos específicos: uno destinado al Hospital de Roldanillo por $19 mil millones, y otro relacionado con la compra de la clínica San Juan de Dios materno infantil por $32 mil millones. “La verdad, no los conozco”, sostuvo Lesmes, exigiendo soportes claros que permitan la trazabilidad de los recursos de salud Valle del Cauca.
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, enfatizó la urgencia: “Iniciamos el año 2026 con una cobertura de vacunación que no fue la mejor en 2025. Vacunar a los niños es garantizar que no se enfermen. Pedimos a los padres actualizar los carnés de vacunación y empezar este año con la protección, especialmente de los menores y los adultos mayores”.
El terreno, identificado como Equipamiento 1, se encuentra en el corregimiento de El Hormiguero, dentro del Plan Parcial Piedrachiquita. Con una extensión de 6.549,43 metros cuadrados, y ubicado entre las carreras 121 y 121A, y calles 42 y 47, su posición fue seleccionada estratégicamente para optimizar la cobertura institucional.
Desde el inicio de la movilización, el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, se articuló como mediador clave entre los líderes indígenas de los pueblos Pastos y Quillacingas, los alcaldes locales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta intervención permitió que las demandas históricas sobre la seguridad y eficiencia del retorno vial en la doble calzada, planteadas desde 2022 y reiteradas en 2025, fueran atendidas a nivel técnico y político.
Esta suspensión no es una sentencia definitiva ni tumba la emergencia permanentemente, sino un “freno institucional” diseñado para prevenir daños irreversibles y evitar que se consoliden efectos jurídicos y económicos de difícil corrección, especialmente aquellos con impacto fiscal y regulatorio. Es una medida que busca asegurar que el control constitucional actúe de manera oportuna, antes de que se despliegue una arquitectura normativa excepcional y costosa de revertir.