El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y el gerente regional Centro Occidente (encargado), Luis Carlos Velandia Cortés, fueron sancionados con tres días de arresto y una multa de 434 Unidades de Valor Básico (UVB), luego de que un juzgado concluyera que incumplieron una orden judicial que obligaba a garantizar la atención médica integral de un menor diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.
La decisión fue adoptada inicialmente por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguadas, Caldas, tras considerar que la EPS no dio cumplimiento oportuno a la acción de tutela que protegía los derechos fundamentales del niño a la salud, la vida y la dignidad.
El caso se originó luego de que la madre del menor denunciara que continuaban pendientes varios servicios médicos especializados, entre ellos consultas con infectología, neurocirugía, neurología pediátrica, psicología, fonoaudiología y una tomografía de cráneo, pese a existir una orden judicial que exigía garantizar un tratamiento integral.
Durante el trámite del incidente de desacato, el despacho judicial requirió en varias oportunidades a los directivos de la EPS para que acreditaran el cumplimiento de la tutela o explicaran las razones del incumplimiento. Según el expediente, no se allegaron los soportes solicitados dentro del término establecido, motivo por el cual se impuso la sanción.
Sin embargo, el proceso aún no ha concluido, ya que la decisión deberá surtir el trámite de segunda instancia, donde será revisada por el juez competente antes de quedar en firme.
Entretanto, Magazín Pacífico conoció en exclusiva la versión del agente interventor Jorge Iván Ospina, quien aseguró que este mismo día fueron cumplidos los requerimientos que aún estaban pendientes, permitiendo garantizar de manera integral la atención ordenada por la justicia para el menor de edad.
Según explicó Ospina a este medio, la Nueva EPS ya adelantó las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la tutela, aspecto que será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales dentro del proceso correspondiente.
Ahora será la segunda instancia la encargada de analizar el caso y determinar si mantiene, modifica o revoca la sanción impuesta, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas por la EPS y el estado actual del cumplimiento de la orden judicial.
