El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el concejal de Cali, Roberto Ortiz, y Mauricio Tabares, con el propósito de que se investigue una presunta intervención en un proceso de contratación relacionado con el sistema de alumbrado público de EMCALI.
Según explicó el jurista, la denuncia surge a partir de información que ha circulado en redes sociales y de un correo electrónico anónimo que recibió, en el que se hace referencia a una supuesta reunión realizada el pasado 7 de julio en un centro comercial del sur de Cali.
De acuerdo con la versión entregada por Moreno, en ese encuentro habrían participado Roberto Ortiz y Mauricio Tabares con el presunto objetivo de influir en decisiones relacionadas con un proceso contractual de la empresa de servicios públicos.
El abogado sostuvo que, de comprobarse estos hechos, podrían configurarse posibles presiones o injerencias indebidas sobre la administración de EMCALI y su gerente, Roger Mina.
Delitos que solicitará investigar
En la denuncia que será presentada ante la Fiscalía General de la Nación, Moreno solicitará que se evalúe la posible comisión de los siguientes delitos:
Constreñimiento ilegal.
Tráfico de influencias de servidor público.
Interés indebido en la celebración de contratos.
Además, pedirá la práctica de distintas pruebas, entre ellas la inspección de las cámaras de seguridad del centro comercial donde presuntamente se realizó la reunión, la revisión de registros de comunicaciones y otras diligencias que permitan verificar si los hechos ocurrieron.
La Fiscalía deberá establecer si hay mérito para investigar
Con la radicación de la denuncia, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación analizar la información aportada, recaudar las pruebas que considere pertinentes y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal.
Hasta el momento, las afirmaciones corresponden a señalamientos formulados por el denunciante y no constituyen hechos judicialmente comprobados. Las autoridades serán las encargadas de establecer si existe mérito para adelantar una investigación y definir las eventuales responsabilidades a que haya lugar.
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