Una explosiva decisión judicial sacudió este lunes a la Alcaldía de Jamundí. Un juez de Cali anuló por completo la suspensión de una obra ubicada en el mismo condominio donde reside la alcaldesa Paola Castillo, al considerar que el proceso adelantado por autoridades municipales violó derechos fundamentales del propietario.
El fallo fue emitido por el Juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali mediante la sentencia T-227 del 25 de mayo de 2026, en la que se concluyó que la Inspección Segunda de Policía de Jamundí vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la información dentro del trámite urbanístico relacionado con el lote 287 del exclusivo condominio.
La decisión deja sin efecto la orden de suspensión de la obra que había sido impuesta durante una audiencia realizada el pasado 13 de abril, por lo que la construcción podrá continuar de inmediato mientras la Alcaldía repite todo el procedimiento.
Según el despacho judicial, la administración municipal adelantó actuaciones sin entregarle oportunamente al propietario y a su abogado copia completa del expediente, impidiéndoles defenderse adecuadamente.
En palabras del fallo, la audiencia se realizó aun cuando el expediente administrativo no había sido entregado de manera íntegra a la defensa. A pesar de ello, durante esa diligencia se decretaron pruebas y se ordenó frenar la construcción.
La jueza fue contundente al señalar que el proceso avanzó “sin que el accionante contara con condiciones materiales reales y suficientes para ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción”.
Además de anular todas las actuaciones realizadas desde esa audiencia, el juez ordenó a la Inspección Segunda de Policía rehacer el trámite en un plazo máximo de 48 horas, garantizando acceso completo al expediente y respuestas claras frente a las solicitudes de la defensa.
El caso había generado polémica nacional luego de que surgieran denuncias sobre posibles irregularidades, presuntas extralimitaciones y supuestos vicios jurídicos en el procedimiento adelantado por autoridades de Jamundí.
La decisión judicial representa un duro golpe para la administración municipal y aumenta los cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones realizadas alrededor de este proceso urbanístico.
A esto se suma que recientemente la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Alcaldía, entre ellos la secretaria de Planeación y dos inspectoras de Policía, por presuntas irregularidades relacionadas con vulneración al debido proceso, posible fraude procesal y prevaricato por acción y omisión.
