El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2026. La decisión, que ha escalado las tensiones diplomáticas, es justificada por Noboa como una respuesta a la supuesta “falta de cooperación” de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
La acción unilateral ha sido interpretada por analistas como un intento desesperado de desviar la atención del fracaso gubernamental interno. Noboa declaró que la tasa se mantendrá hasta que exista un “compromiso real” de Colombia para enfrentar juntos el crimen organizado. Sin embargo, en un discurso que muchos califican de “victimista”, el mandatario lamentó que, a pesar del déficit comercial anual con Colombia que supera los 1.000 millones de dólares, sus militares sigan enfrentando solos a grupos criminales ligados al narcotráfico.
La medida amenaza con desatar una guerra comercial entre ambos países, cuyo intercambio supera los 5.000 millones de dólares al año, y profundiza el aislamiento regional de Ecuador. Expertos advierten que el arancel es un castigo económico improvisado que golpeará directamente el bolsillo de los consumidores ecuatorianos al encarecer productos básicos, sin solucionar el problema de fondo: la ineficacia del Estado ecuatoriano en el control territorial y la rampante corrupción institucional.
El Gobierno de Noboa enfrenta serios cuestionamientos por la crisis de seguridad, con el aumento de la violencia y la precarización económica. La tasa del 30% es vista como un intento de apuntar a un “enemigo externo”, mientras que el país se ha convertido en un centro de operaciones del narcotráfico internacional, con puertos clave disputados por bandas criminales y la infiltración en el aparato estatal.
La ineficacia de los operativos y la agudización de la crisis por la corrupción han debilitado aún más la gestión de Noboa. Sectores empresariales de ambos países han manifestado gran preocupación por el impacto económico de esta controvertida decisión.
