En un esfuerzo sin precedentes por descentralizar la política pública y fortalecer la atención a las poblaciones vulnerables, el departamento de Nariño ha consolidado una hoja de ruta histórica. Durante el primer Comité Ordinario de Justicia Transicional del año, celebrado en el distrito de Tumaco, se aprobaron oficialmente los Planes Operativos Anuales (POA), una herramienta técnica y financiera diseñada para transformar la realidad de las víctimas del conflicto armado en el territorio.
Esta aprobación no es un trámite administrativo más; representa el compromiso de la Gobernación de Nariño y las alcaldías locales para ejecutar medidas concretas de asistencia, protección y restitución de derechos. La estrategia se enfoca especialmente en los municipios que han sufrido con mayor rigor el impacto de la violencia, buscando cerrar las brechas de desigualdad y abandono estatal.
Siete ejes estratégicos para la paz territorial
La implementación de los POA se fundamenta en siete pilares esenciales que guiarán la inversión y las acciones institucionales durante el resto de la vigencia 2026:
- Asistencia y atención inmediata.
- Prevención y protección de comunidades en riesgo.
- Reparación integral a las víctimas.
- Restitución de tierras y retorno seguro.
- Articulación nación-territorio para la eficiencia de recursos.
- Fortalecimiento de los sistemas de información.
- Participación efectiva de las víctimas en la toma de decisiones.
Enfoque étnico y cumplimiento del Auto 620
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la integración del Auto 620 de la Corte Constitucional. Esta normativa es vital para Nariño, ya que exige garantías reforzadas para las comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes han sido sujetos de especial protección debido a la afectación sistemática de sus territorios ancestrales.
Alex Javier González, secretario de Paz de Nariño, enfatizó que desde Tumaco se ha logrado articular este mandato judicial con los planes de trabajo de cada subcomité. “Es fundamental que todas las instituciones estemos unidas en un plan que busca avanzar en todos los ejes de la política pública para nuestra gente”, señaló el funcionario.
Un futuro de dignidad y convivencia
Con la aprobación de estos planes, Nariño se posiciona como un referente en la gestión de la Ley de Víctimas. El objetivo final es que la política pública no se quede en el papel, sino que llegue de manera efectiva a las familias rurales y urbanas, promoviendo la convivencia pacífica y dignificando la vida de quienes han sido el rostro de la resiliencia en el suroccidente colombiano.
