Bogotá, 5 de enero de 2026 — En un movimiento histórico para la infraestructura del país, el presidente Gustavo Petro confirmó la eliminación definitiva de siete estaciones de peaje en la Costa Atlántica. Esta decisión, que marca el fin de la concesión “Ruta Caribe”, busca aliviar el bolsillo de los colombianos y transformar el modelo de transporte de carga y pasajeros en el norte del país.
¿Cuáles son los peajes que dejan de operar?
Tras la terminación anticipada del contrato con la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S., el control de las vías pasará a manos del sector público. Los peajes que han dejado de cobrar a partir de hoy son:
- En Bolívar: Pasacaballos, Turbaco, Gambote y Bayunca.
- En Atlántico: Arroyo de Piedra, Sabanagrande y Galapa.
Estos puntos, que conectan estratégicamente a Cartagena y Barranquilla, tenían proyecciones de cobro por más de tres décadas. Sin embargo, la fuerte presión social y la inviabilidad financiera del modelo privado aceleraron su desmonte.
El nuevo modelo: Del sector privado al Invías
El proceso de reversión administrativa ya está en marcha. Se espera que para junio de 2026, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asuma por completo el mantenimiento y la operación de este corredor vial.
“Buscamos reducir los costos de movilidad y promover el desarrollo económico regional”, afirmó el mandatario, quien además anunció que este esquema de control público se extenderá próximamente al Eje Cafetero.
Impacto en la economía y logística regional
La eliminación de estas barreras supone un beneficio directo para transportadores y comerciantes. Los principales impactos positivos incluyen:
- Reducción de costos logísticos: Menores fletes para el transporte de mercancías entre puertos.
- Dinamización del turismo: Mayor flujo de viajeros entre los departamentos de Bolívar y Atlántico.
- Alivio financiero: Fin de las protestas sociales que exigían justicia económica para los habitantes locales.
A pesar del optimismo gubernamental, gremios de infraestructura advierten sobre la necesidad de garantizar recursos públicos para el mantenimiento preventivo de las vías y la importancia de mantener la seguridad jurídica para futuras inversiones.
