El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene su nivel tres de advertencia para Colombia, aconsejando a sus ciudadanos “reconsiderar el viaje” al país por riesgos como delincuencia, terrorismo y disturbios civiles. En respuesta a una reciente escalada de ataques violentos en el suroccidente colombiano, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta de seguridad específica el 27 de abril.
La advertencia actualiza las restricciones de viaje, prohibiendo categóricamente a los ciudadanos estadounidenses viajar a zonas de Arauca, Norte de Santander, Cauca (con excepción de Popayán) y Valle del Cauca (con excepción de Cali). El documento señala una instrucción clara de “No viajar a estas zonas por ningún motivo”. Esta decisión se tomó después de que durante el fin de semana del 25 de abril se registraran 26 ataques contra corredores de transporte, instalaciones militares y estaciones de policía, los cuales causaron al menos 20 muertes y decenas de heridos.
El incidente más grave ocurrió en El Túnel, Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde la detonación de un explosivo contra vehículos civiles dejó cerca de 20 personas fallecidas, atribuyéndose la responsabilidad a estructuras disidentes de las antiguas FARC.
Ante el incremento de la violencia, las autoridades locales han solicitado respaldo. La Gobernación del Cauca declaró tres días de duelo departamental en homenaje a las víctimas, calificando el atentado como “atroz e injustificable”. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aunque respetó la alerta estadounidense, pidió evitar la estigmatización de la región. La mandataria vallecaucana reclamó al Gobierno nacional “apoyo real, sostenido y efectivo“, solicitando más fuerza pública e inteligencia. Adicionalmente, anunció una inversión de casi 70.000 millones de pesos para fortalecer la red de comunicaciones policiales.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre un intento fallido de atentado con cilindros explosivos contra el Batallón Pichincha y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la captura de los responsables. Finalmente, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, reconoció la compleja situación territorial con presencia de estructuras ilegales, señalando que la violencia exige una respuesta militar y judicial, aunque reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo si los grupos armados manifiestan voluntad de participar.
