La crisis de salud en el Valle del Cauca ha alcanzado un punto crítico, llevando a la gobernadora Dilian Francisca Toro a expresar una profunda preocupación por la situación de las clínicas privadas y la inminente sobrecarga de la red pública hospitalaria. La mandataria advirtió que, ante una cartera morosa que supera los $6 billones de pesos, el cierre parcial de servicios en instituciones privadas es una posibilidad real que podría colapsar el sistema.
Según Toro, si las instituciones privadas se ven obligadas a cerrar sus puertas, los pacientes se trasladarán masivamente a los hospitales públicos, los cuales carecen de la capacidad necesaria para atender esta demanda adicional. La gobernadora urgió al Gobierno nacional a ofrecer soluciones de fondo e inmediatas frente a esta emergencia.
La magnitud de la deuda de las EPS intervenidas es alarmante, afectando a centros clave de la región. La Fundación Valle del Lili, por ejemplo, enfrenta una deuda de casi $1 billón de pesos, mientras que el Hospital Universitario debe recibir $750 mil millones de pesos. Esta grave situación impacta a instituciones como Imbanaco y la Clínica de Occidente, tanto en el sector público como en el privado.
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, complementó la alerta al señalar que la crisis está generando renuncias masivas de personal de salud. En los últimos meses, se han perdido más de 1.300 puestos de trabajo en el departamento debido a los retrasos en los pagos, que en el caso de los médicos especialistas ascienden a casi 120 días (cuatro meses). Esta disminución de personal obliga a las clínicas privadas a suspender o cerrar algunos de sus servicios, exacerbando la emergencia sanitaria.
Ante el panorama, la Gobernación del Valle del Cauca reitera la necesidad urgente de garantizar el flujo de recursos para sostener tanto a las instituciones de salud públicas como privadas, asegurando la atención oportuna a los pacientes.
