El Consejo de Estado tomó la decisión de eliminar la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que desde el 2016 se ha venido cobrando en la factura de energía eléctrica que pagan los habitantes del Valle del Cauca.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que “la Asamblea Departamental del Valle del Cauca carecía de facultad para adoptar la ordenanza demandada”. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.
La Ordenanza N. 425 del 1 de agosto de 2016 emitida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, establece una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que aplica a los usuarios de energía eléctrica en los estratos 4, 5 y 6, así como al sector industrial, comercial, y especial, lo que representa un recargo adicional en la facturación mensual.
Los fondos recaudados a través de la aplicación de esta tasa, que es del 1 % para el estrato 4; 2 % para los estratos 5 y 6; y 1,7 % para actividades industriales y comerciales, están destinados a financiar un fondo territorial de fortalecimiento de la seguridad regional.
Las autoridades departamentales han defendido la legalidad de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aseguran que la medida se soporta en estudios técnicos, era proporcional al servicio brindado y no afecta de forma grave a los contribuyentes.
No obstante, diversos sectores han manifestado no estar conformes con este tributo, ya que aseguran que no está claro su fundamento legal, ni su vinculación directa con el servicio de energía eléctrica.
