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Cobertura informativa de Pasto, Tumaco y otros municipios clave. Miradas sobre desarrollo, seguridad y cultura nariñense.

A pesar de las preocupaciones iniciales manifestadas por la Federación Nacional de Departamentos, Nariño ha decidido implementar el Decreto, pero con la garantía del Seguro Fiscal para evitar un “hueco fiscal”. El Gobernador Escobar argumentó que los efectos del incremento tributario no son homogéneos y que el mercado de licores del departamento ya había experimentado una significativa caída en las rentas, pasando de 69 mil a 39 mil millones de pesos tras la apertura a la libre competencia.

La acción unilateral ha sido interpretada por analistas como un intento desesperado de desviar la atención del fracaso gubernamental interno. Noboa declaró que la tasa se mantendrá hasta que exista un “compromiso real” de Colombia para enfrentar juntos el crimen organizado. Sin embargo, en un discurso que muchos califican de “victimista”, el mandatario lamentó que, a pesar del déficit comercial anual con Colombia que supera los 1.000 millones de dólares, sus militares sigan enfrentando solos a grupos criminales ligados al narcotráfico.

Durante una reciente jornada de diálogo en La Llanada, el Gobernador constató las condiciones de las minas subterráneas y la necesidad de un modelo organizado y legal. “Ordenar la minería es una decisión estructural de desarrollo. No se trata solo de sacar oro, sino de reorganizar toda la cadena de valor para que la riqueza se quede en el territorio, se convierta en renta pública, infraestructura y bienestar”, señaló Escobar.

Esta medida se acelera tras el fallo proferido en diciembre pasado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto. Dicha sentencia judicial ordenó al municipio tomar acciones para despejar el sector entre las calles 16 y 17 con carreras 20 a 23, tradicionalmente ocupado por cerca de 500 vendedores ambulantes de frutas y hortalizas.

El objetivo principal de esta entrega es impulsar el desarrollo de proyectos productivos lícitos que permitan “sembrar paz” en zonas históricamente disputadas por el narcotráfico. Las 592 hectáreas entregadas corresponden a los predios El Cabrero y El Darién, adquiridos por la ANT. Durante más de dos décadas, estas comunidades reclamaron la titulación de estas tierras, pero la presencia de los cultivos de coca había impedido la intervención institucional, según destacó Felipe Harman, director de la ANT.