El panorama económico de Colombia experimentó un giro inesperado. El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del ambicioso incremento salarial del 23.7% que elevaba el salario mínimo (incluido el subsidio de transporte) a $2 millones para el año 2026. Esta decisión, que afecta a más de 2 millones de trabajadores, se produce tras el análisis de demandas que argumentan un posible exceso en las facultades del Gobierno Nacional, al no ceñirse estrictamente a los criterios técnicos de inflación (5.1% en 2025) y productividad (0.91%) exigidos por la Ley 278 de 1996.
Una de las principales claridades del alto tribunal es que la suspensión no tiene carácter retroactivo. Esto tranquiliza a los empleados: el dinero adicional ya cobrado en enero o principios de febrero no debe ser devuelto, amparado por el principio de seguridad jurídica. Esta protección se extiende a pensiones, liquidaciones y contratos que tomaron como base el incremento.
El Consejo de Estado le ha dado un plazo de ocho días al Ejecutivo para expedir un nuevo decreto provisional. Técnicamente, el incremento resultante que cumpla con los parámetros legales debería rondar el 6.01%, ubicándose en el rango del 6% al 7% sugerido por gremios económicos como Fedesarrollo y Anif para evitar inestabilidad macroeconómica.
Es crucial destacar que la cifra del 23.7% sigue legalmente vigente hasta que el Gobierno Nacional publique el nuevo acto administrativo. Las empresas deberán seguir pagando con esta base hasta ese momento de transición.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió el concepto de “salario vital” y convocó para este lunes, 16 de febrero, a las 10:00 a. m., a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en el Ministerio del Trabajo, buscando un acuerdo para el nuevo decreto transitorio del salario mínimo. Mientras el sector privado celebra la medida como un espaldarazo al Estado de derecho, el debate sobre el equilibrio entre poder adquisitivo y estabilidad económica continúa. La medida es provisional, y el fallo de fondo tardará meses, pero el tono judicial sugiere que el decreto original podría ser anulado definitivamente.
