El Consejo de Estado ha dictado una medida cautelar que sacude la estabilidad jurídica del aumento salarial para el año 2026, al suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo. La decisión se toma mientras el alto tribunal adelanta el estudio de fondo de diversas demandas que buscan la nulidad de la norma.
El decreto en cuestión, el 1469 de 2025, estableció un incremento cercano al 23% en el salario mínimo para 2026, un alza que fue inmediatamente objeto de controversia y acciones legales. Los demandantes argumentan que el Gobierno nacional no cumplió con los criterios técnicos y legales establecidos para la fijación del aumento salarial, lo que llevó a esta histórica suspensión decreto.
Esta medida cautelar subraya la seriedad de los cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para determinar el incremento. Entre los principales argumentos jurídicos presentados ante el Consejo de Estado, se destaca la exigencia de que la fijación salarial se sustente en variables macroeconómicas clave, según lo dispuesto en la Ley 278 de 1996. Estas variables incluyen la inflación, la productividad, el crecimiento económico del país y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Con la suspensión provisional, la incertidumbre se instala tanto en millones de trabajadores como en el sector empresarial. El máximo órgano de lo contencioso administrativo deberá ahora determinar si el Decreto 1469 de 2025 cumple con los requisitos de legalidad. De ratificarse la nulidad, el Gobierno se vería obligado a emitir una nueva norma, debidamente motivada con el soporte técnico requerido, para establecer un salario mínimo ajustado al marco legal.
La decisión del Consejo de Estado pone en pausa el aumento salarial y representa un llamado de atención sobre la transparencia y el rigor técnico en la toma de decisiones que impactan la economía nacional y los ingresos de los colombianos. La nación espera la decisión definitiva que definirá el valor legal del salario mínimo 2026.
