La audiencia de imputación de cargos contra los concejales de Cali, Andrés Escobar y Daniella Plaza, tendrá un nuevo capítulo.
Además de la imputación anunciada por la Fiscalía, las víctimas del proceso buscarán que se imponga una medida de aseguramiento a los investigados.
El proceso judicial se deriva de las presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la elección del Contralor Distrital de Cali, realizada por el Concejo de la ciudad en enero de 2025 y que, desde entonces, ha estado rodeada de cuestionamientos jurídicos y denuncias sobre posibles anomalías en el procedimiento.
Las víctimas pedirán medidas de aseguramiento
Eduardo Castillo, abogado representante de algunas de las víctimas en el caso, confirmó que durante la audiencia prevista para el próximo 5 de agosto no solo se realizará la imputación de cargos, sino que también se discutirá la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento a los concejales investigados.
Según explicó el jurista, la Fiscalía ya anunció que solicitará la medida, pero las víctimas también podrían presentar sus propias peticiones y argumentos.
“No solamente tienen que pensar en la Fiscalía. Los abogados de víctimas también pueden presentar solicitudes de medida de aseguramiento”, señaló Castillo.
El abogado indicó que cada una de las víctimas, representadas por los ternados que participaron en el proceso de elección del Contralor Distrital y que consideran vulnerados sus derechos, podría intervenir en la audiencia con solicitudes independientes.
Incluso, al referirse a las posibilidades de que se presente este escenario, Castillo aseguró que el panorama para los investigados se amplía considerablemente.
“Podríamos estar hablando, si es de porcentajes, de un 400 %”, afirmó el abogado, haciendo referencia a que podrían existir hasta cuatro solicitudes de medida de aseguramiento: una de la Fiscalía y tres de las víctimas.
¿Qué es una medida de aseguramiento?
La medida de aseguramiento es una decisión que puede adoptar un juez, a solicitud de la Fiscalía o de las víctimas, cuando considera que existen elementos suficientes para determinar que el investigado podría:
- Obstruir la justicia.
- Representar un peligro para la sociedad o la víctima.
- No comparecer al proceso judicial.
Estas medidas no necesariamente implican una detención en centro carcelario. También pueden consistir en restricciones como la detención domiciliaria, la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
El proceso por la elección del Contralor de Cali
La investigación se originó por las denuncias relacionadas con la elección del Contralor Distrital de Cali, un proceso que terminó en los estrados judiciales luego de que varios de los aspirantes a ocupar el cargo señalaran presuntas irregularidades en el concurso y en las decisiones adoptadas por algunos integrantes del Concejo.
El caso ha generado una amplia controversia política y jurídica en la ciudad, al punto de que la Fiscalía decidió avanzar con la imputación de cargos contra los dos cabildantes.
Castillo aseguró que, aunque los investigados mantienen intacta su presunción de inocencia y tienen derecho a ejercer su defensa, el proceso se encuentra en una etapa clave debido a las posibles consecuencias que podría tener una eventual medida de aseguramiento.
“Espero que ejerzan su defensa y que la Fiscalía les permita espacios como el interrogatorio al indiciado para que puedan explicar su posición antes de la audiencia”, manifestó el abogado.
