La crisis desatada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la polémica resolución que ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro provocó este miércoles una nueva consecuencia política. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Leonardo Gallego, presentó su renuncia irrevocable a esa célula legislativa.
La decisión del congresista se conoció pocas horas después de que la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, expidiera una resolución mediante la cual dispuso apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial, por una presunta participación en política.
En una carta dirigida a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Gallego manifestó su desacuerdo con las actuaciones adelantadas por la Comisión y argumentó que las decisiones adoptadas deben estar sustentadas en criterios jurídicos sólidos y en estricto apego a las disposiciones constitucionales.
La resolución emitida por Arizabaleta desató una fuerte controversia entre congresistas, juristas y dirigentes políticos, quienes cuestionaron la competencia de la Comisión de Acusación para ordenar una medida de esta naturaleza.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de la senadora Angélica Lozano, quien calificó la decisión como “absurda” y recordó que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política, la suspensión del presidente de la República únicamente puede ser decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación y tras el cumplimiento del procedimiento establecido por la ley.
En el mismo sentido se pronunció el exembajador y expresidente del Congreso Roy Barreras, quien aseguró que la Comisión de Acusación no tiene atribuciones constitucionales para ordenar la suspensión del mandatario y sostuvo que la medida carece de efectos jurídicos.
A las críticas también se sumó el presidente del Congreso, Lidio García, quien señaló que cualquier eventual sanción o suspensión contra el jefe de Estado debe surtir un juicio político y ser resuelta por el Senado de la República.
La controversia ha generado un amplio debate sobre los alcances y competencias de la Comisión de Investigación y Acusación, uno de los órganos encargados de adelantar las investigaciones contra altos dignatarios del Estado.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro permanece en Nueva York, Estados Unidos, donde participa en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado oficialmente sobre la renuncia del representante liberal ni sobre las repercusiones políticas derivadas de la decisión adoptada por la presidenta de la Comisión.
Se espera que durante la jornada los integrantes de la Comisión de Acusación se reúnan para analizar la situación y definir los pasos a seguir en medio de una controversia que ha puesto en el centro del debate la constitucionalidad y el alcance de las actuaciones de ese órgano legislativo.
