Candidatos en el Cauca (Colombia) afrontan sus campañas políticas en medio de un contexto de alta violencia electoral, donde la presencia y el blindaje de la Guardia Indígena se han convertido en el principal garante de la democracia. En este convulso departamento, aspirar a un cargo de elección popular implica navegar entre retenes de grupos armados y rutas restringidas.
Testimonios como el de Claudia Liliana Ruiz, candidata campesina en la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, evidencian la gravedad de la situación. Ruiz relató cómo fue interceptada y solo la oportuna intervención de la Guardia Indígena le permitió continuar su camino hacia el municipio de Toribío. La candidata cuestiona la insuficiencia de los esquemas de seguridad estatales, como el brindado por la UNP, frente a la complejidad del conflicto en el territorio.
La preocupación se intensifica a medida que el país se acerca a las elecciones de 2026. A pesar de los acuerdos de paz firmados hace una década, líderes políticos siguen siendo blanco de amenazas y ataques. El panorama se agrava con la operación de disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en la zona.
Otro aspirante, Esneyder Gómez Salamanca, candidato indígena del pueblo nasa, confesó haber sido víctima directa de la violencia, incluso con un ataque a su vehículo. Sin embargo, subraya que es el llamado de su comunidad y el apoyo de la Guardia Indígena lo que le permite continuar con su labor política.Según la ONU, en 2025 se documentaron 18 homicidios y 126 ataques o amenazas contra líderes políticos en Colombia. La Guardia Indígena en el Cauca surge como un mecanismo de protección propio y comunitario, esencial ante las limitaciones del Estado. Su función no solo es preventiva, sino también mediadora, facilitando el contacto de los candidatos con sus comunidades de base y asegurando el ejercicio democrático en una de las regiones más golpeadas por la violencia. Su labor es fundamental para que la campaña y las elecciones puedan llevarse a cabo.
