La mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2026 cerró su primera fase sin consenso entre empresarios y centrales obreras, luego de vencerse uno de los plazos clave del cronograma establecido para la negociación tripartita. La falta de acuerdo deja abierto el escenario para nuevas rondas de diálogo o, en su defecto, para que el Gobierno nacional determine el incremento mediante decreto.
La ausencia de concertación fue confirmada por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien aseguró que las posiciones de ambas partes se mantuvieron inamovibles desde el inicio del debate. De acuerdo con el dirigente sindical, el propósito central de las centrales obreras es reducir la brecha entre el salario mínimo legal vigente y el costo real de la canasta básica familiar.
Según explicó Arias, la discusión arrancó con la socialización de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual advierte que existe una diferencia cercana al 50 % entre el salario mínimo y los gastos básicos de un hogar promedio en Colombia. Para el sector sindical, este diagnóstico sustenta la necesidad de un incremento de dos dígitos que permita avanzar en el cierre de esa brecha.
Las centrales obreras reiteraron que su intención fue alcanzar un acuerdo concertado, pero bajo un aumento que consideren justo. En ese sentido, mantuvieron su propuesta de un alza del 16 %, con lo cual el salario mínimo ascendería a $1.650.680, más un auxilio de transporte de $232.000.
En contraste, los gremios empresariales defendieron un incremento del 7,21 %, que llevaría el salario mínimo a $1.525.598 y el auxilio de transporte a $214.420. La distancia entre ambas propuestas fue determinante para que la negociación quedara estancada en esta primera etapa.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que no fue posible lograr un acuerdo y explicó que el procedimiento legal ahora contempla la presentación de salvedades por parte de empresarios y trabajadores. Estos documentos deberán ser radicados ante el Ministerio de Trabajo, donde cada sector expondrá sus argumentos frente a las propuestas de la contraparte.
Sanguino señaló que, una vez evaluadas estas salvedades, el Gobierno definirá si se habilitan espacios bilaterales o jornadas extraordinarias de negociación, lo que ha sido denominado como un “segundo tiempo” del proceso. De no prosperar este escenario, el aumento del salario mínimo será fijado por decreto presidencial, con plazo límite hacia finales de diciembre.
El ministro reconoció que, si las posturas continúan tan distantes, la expedición del decreto será la opción más probable, tal como ocurrió en los dos últimos años. Durante el actual Gobierno, solo el aumento del primer año fue concertado; los incrementos de 2024 y 2025 se definieron de manera unilateral, con alzas del 12 % y del 9,54 %, respectivamente.
Mientras las centrales obreras insisten en que un decreto permitiría un incremento de dos dígitos, los empresarios advierten que un aumento elevado podría afectar los costos de producción y el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
