La crisis de salud en Valle del Cauca alcanza un punto crítico. Una reciente alerta de la Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas, revelando la fragilidad financiera del sistema de salud en la región. La cartera hospitalaria ha escalado a cifras históricas, superando los $6 billones de pesos, mientras que la deuda con los trabajadores de la salud rebasa los $300 mil millones de pesos.
El principal cuello de botella de esta crisis de salud radica en la alta concentración de afiliados en Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran intervenidas por el Gobierno nacional. Según la Secretaría de Salud del Valle, un alarmante 90% de los vallecaucanos están vinculados a estas EPS intervenidas, lo que genera una restricción crítica en la contratación de la red pública y privada.
La falta de recursos y la limitada contratación se traducen directamente en una menor disponibilidad de servicios, impactando la oportunidad de la atención y la dispensación de medicamentos. El problema se agrava con la concentración de más de un millón de afiliados en la Nueva EPS, una de las entidades intervenidas, amplificando el riesgo sobre la continuidad asistencial.
Las EPS señaladas por acumular las mayores obligaciones vencidas con la red hospitalaria son Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Nueva EPS y SOS.
Para mitigar el impacto, la Gobernación del Valle del Cauca ha destinado un alivio parcial de $12.800 millones de pesos para el pago de nómina en hospitales específicos, como el Universitario del Valle. Además, se mantienen estrategias operativas como el programa de “Desconcentración de Servicios”, que ha permitido que más de 15 mil vallecaucanos accedan a atención especializada en sus municipios.
No obstante, las autoridades insisten en que la solución estructural pasa por el pago oportuno para garantizar el flujo de recursos y asegurar la estabilidad mínima de la red asistencial. La deuda salud Valle sigue siendo el factor de mayor presión en el departamento.
