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Cobertura informativa de Pasto, Tumaco y otros municipios clave. Miradas sobre desarrollo, seguridad y cultura nariñense.
La convocatoria actual ofrece un total de 100 lotes de Aguardiente Nariño Azul, lo que equivale a 418 cajas y 7.032 unidades. Específicamente, se ofertarán 250 cajas de la presentación de 750cc (3.000 unidades) y 168 cajas de 375cc (4.032 unidades). Este proceso está abierto a mayoristas, minoristas, tenderos y comerciantes interesados. Los valores de postura mínimos y máximos se han fijado entre $197.469.072 y $199.051.320.
La inversión asciende a $4.380 millones, destinada a mejorar la movilidad en corredores estratégicos que benefician directamente a 16 parcialidades dentro del resguardo indígena y a comunidades no indígenas de la zona. Sectores como María Paguay, San Francisco, Icuán y La Jardinera, entre otros, ahora cuentan con tránsito seguro.
La ofensiva, atribuida a las disidencias de las Farc, se concentró abrumadoramente en el departamento del Cauca, con 22 acciones registradas. Le siguieron el Valle del Cauca con 7 incidentes y Nariño con 2. El reporte describe una operación simultánea y brutal, caracterizada por el uso de cilindros explosivos, drones, granadas, hostigamientos, bloqueos viales y la quema de vehículos. Los objetivos incluyeron unidades militares, estaciones de Policía, vías clave y la población civil.
El documento, desarrollado con la participación activa de la Administración Municipal y la comunidad, será un insumo esencial en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Lized López Erazo, subsecretaria de Asistencia Técnica, afirmó que estos procesos son cruciales para que el desarrollo del municipio “mantenga coherencia con la protección del entorno natural”.
El mandatario departamental fue enfático en su rechazo a estos “actos criminales”, subrayando que no permitirán que la afectación a la infraestructura vial aísle al departamento. Las medidas adoptadas se centran en garantizar la seguridad y la movilidad de los nariñenses.
En esta primera etapa, se realizó una inversión cercana a los 200 millones de pesos. La dotación fue entregada a 19 centros de atención distribuidos en 13 subregiones de Nariño, beneficiando directamente a 1.050 personas mayores. Los municipios priorizados incluyeron Consacá, La Tola, El Contadero, Linares, Cuaspud, Mosquera, El Rosario, Policarpa, Francisco Pizarro, Puerres, Ipiales, Samaniego, Sandoná, Santa Bárbara, Sapuyes, San Pedro de Cartago, Taminango, Tangua y Yacuanquer.
El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, fue enfático al señalar que este proceso responde a una realidad histórica que el Estado debe atender de manera prioritaria. “Aquí los campesinos han subsistido de economías ilegales porque el Estado no ha estado”, señaló, enfatizando la necesidad de una decisión nacional de fondo para transformar estas economías y garantizar la continuidad en la sustitución.
David Bravo, Director territorial del Ministerio de Trabajo en Nariño, presentó los lineamientos de aplicación de la norma. Sus orientaciones incluyeron el proceso del certificado de vinculación, la gestión del reglamento interno, y aspectos clave como la estabilidad laboral reforzada y el manejo de procesos disciplinarios en contextos de inclusión laboral.
Este intercambio de experiencias fue fundamental para avanzar en el análisis sobre cómo las comunidades pueden construir e incidir directamente en las políticas públicas culturales, asegurando que estas respondan a las realidades y necesidades de los territorios.
Javier Cabezas Castillo, asesor en asuntos de frontera de la Gobernación de Nariño, detalló que el proceso se estructuró en cuatro componentes esenciales: gestión ambiental, gobernanza, desarrollo económico y gestión del riesgo. Entre los resultados más destacados se encuentran dos iniciativas piloto. Estas acciones están centradas en potenciar las capacidades comunitarias a través de escuelas de campo, especialmente implementadas en áreas montañosas cercanas al límite binacional. El objetivo es claro: mejorar el manejo ambiental del territorio y solidificar los procesos locales de gestión del riesgo.