Un nuevo escándalo sacude a Jamundí. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la administración municipal por posibles fallas en el debido proceso dentro de un trámite relacionado con una obra en un condominio donde reside la alcaldesa Paola Castillo.
La decisión del ente de control se produce tras la difusión de información periodística que evidenció múltiples quejas sobre presuntas irregularidades en actuaciones administrativas y policiales alrededor del caso.
Las funcionarias vinculadas a la investigación son Yexica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación; Fernelly Quijano Cerquera, inspector tercero de Policía; y Alejandra Janeth Jaramillo Quintero, quien se desempeñó como inspectora segunda hasta finales de abril.
Señalamientos por fallas en el proceso
De acuerdo con los documentos conocidos, el caso se originó en medio de un conflicto por una obra en un conjunto residencial, donde uno de los propietarios denunció inconsistencias en el procedimiento adelantado por las autoridades locales.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la presunta falta de notificación de decisiones clave, la omisión en la respuesta a recursos legales interpuestos y la no atención de solicitudes formales radicadas en varias oportunidades. Incluso, en una audiencia reciente se solicitó la nulidad de todo lo actuado por una posible vulneración al debido proceso.
Otro punto crítico es el manejo del expediente. Según la denuncia, este fue solicitado en repetidas ocasiones sin éxito y, posteriormente, se evidenció que documentos relevantes no reposaban en el archivo. La situación se agravó cuando, tras un cambio de funcionaria, no se encontró acta de una diligencia reciente y el expediente desapareció, generando preocupación por la cadena de custodia documental.
Posibles inconsistencias y trato desigual
El caso también pone bajo la lupa la actuación de la Secretaría de Planeación en la programación de visitas técnicas. Según el denunciante, las inspecciones no se habrían realizado de manera integral en el conjunto residencial, lo que podría evidenciar un tratamiento desigual frente a otros predios con posibles irregularidades.
A esto se suman señalamientos sobre construcciones dentro del mismo condominio que, pese a aparentes incumplimientos urbanísticos, no habrían sido objeto de acciones correctivas, lo que abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
Un conflicto que escala
El origen de la disputa se remonta a la adquisición de un lote en el conjunto residencial y al inicio de una obra de ampliación que contaba con licencia otorgada por la misma administración municipal. Sin embargo, tras denuncias internas, el proyecto fue frenado en medio de decisiones que hoy son cuestionadas.
El caso ha escalado a diferentes instancias. Además del proceso disciplinario, existen acciones judiciales, denuncias penales e incluso un fallo de tutela favorable al denunciante por vulneración de derechos fundamentales como la igualdad y el derecho de petición. Actualmente, se adelanta un incidente de desacato por presunto incumplimiento de órdenes judiciales.
También se conoció que la defensa del afectado habría recibido amenazas, lo que añade un componente de gravedad al proceso.
Por ahora, la Procuraduría avanza en la etapa de indagación, recopilando pruebas para determinar si hubo incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones o violación de normas por parte de los funcionarios implicados.
Este caso no solo compromete a varias dependencias de la administración municipal, sino que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en la gestión pública y las garantías en los procesos administrativos, especialmente cuando estos involucran escenarios cercanos al poder local.
