La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha intervenido de manera decisiva para atender la creciente preocupación de los campesinos del departamento. La mandataria anunció una revisión exhaustiva y el ajuste necesario de los avalúos catastrales rurales que, impulsados por normativas nacionales, habían experimentado un alza exagerada, generando un impacto económico significativo en las familias agrarias.
La medida departamental responde directamente a las inquietudes de la comunidad rural, cuyos valores catastrales se dispararon debido a la aplicación de nuevas metodologías por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Este proceso de actualización obedece al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, un mandato que forma parte del plan de desarrollo del Presidente Petro, cuyo objetivo es modernizar la información catastral en todos los municipios.
Ante esta situación, la Gobernadora Toro fue enfática al dar instrucciones precisas a la Gerente de Catastro para que se proceda con las revisiones y ajustes necesarios. El mensaje de la Gobernadora a la población fue claro: las acciones se toman “pensando en ustedes, en nuestros campesinos y en sus familias”.
Para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la defensa, la Unidad Especial de Catastro del Valle ha implementado un canal de atención dedicado. A través de la página web oficial de la Gobernación, los propietarios rurales pueden presentar sus solicitudes e inquietudes de manera formal respecto a los ajustes catastrales. Este mecanismo busca canalizar las reclamaciones surgidas tras el alza que ha motivado protestas en varias regiones del país.
Además, la Gobernación, en coordinación con Lia Patricia Pérez, Gerente de la Unidad Especial Catastro, ha fortalecido la pedagogía municipal. Se realizaron cuatro capacitaciones clave en conjunto con el IGAC y el Ministerio de Hacienda para orientar a los municipios sobre la correcta liquidación del impuesto predial.
Es fundamental destacar la limitación legal existente para el impuesto predial. La Ley 1995 de 2019 establece que, para predios rurales donde se aplicó la nueva metodología del IGAC, el aumento total del impuesto “no puede superar el 50% del valor pagado el año inmediatamente anterior”. Por ejemplo, un predio de menos de 100 hectáreas que haya pagado $50.000 pesos en 2025, no podrá ser gravado con más de $75.000 pesos en 2026, sin importar qué tan alto haya sido el incremento en el avalúo catastral. La Gobernación insiste en que un mayor avalúo no implica un aumento automático proporcional en el impuesto final a pagar, brindando un respaldo legal a los propietarios rurales.
