El Consejo de Estado suspendió de manera inédita el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %, el más alto registrado en la historia del país.
La decisión, adoptada como medida cautelar, no implica un fallo de fondo sobre la legalidad del aumento, pero sí obliga al Ejecutivo a expedir, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto provisional que establezca un porcentaje transitorio ajustado a los parámetros económicos y constitucionales vigentes. La suspensión comenzará a regir una vez el Gobierno emita ese nuevo acto administrativo.
El alto tribunal venía estudiando un conjunto de demandas contra el decreto 1469, por medio del cual se oficializó el incremento. Los demandantes argumentaron que el aumento no se sustentó en los criterios técnicos exigidos por la ley, particularmente los establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
En el auto, el Consejo de Estado ordena que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, las entidades demandadas “realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.
Asimismo, el tribunal precisa que el Gobierno deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en la norma, entre ellos la inflación causada y proyectada, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del PIB y la meta de inflación, tal como lo exige la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial.
Según las demandas, estos parámetros no habrían sido explicados de manera suficiente en la fijación del aumento del 23 %, lo que configuraría una infracción legal. El Consejo de Estado acogió estos argumentos de manera preliminar y decidió suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras avanza el proceso judicial.
El tribunal recordó que las medidas cautelares buscan proteger de forma temporal el objeto del proceso y garantizar la efectividad de una eventual sentencia favorable, sin que ello signifique un prejuzgamiento sobre la decisión final.
El único antecedente similar ocurrió en 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo por considerar que el incremento era demasiado bajo y ordenó su reajuste al alza.
Con esta decisión, el Gobierno deberá replantear de manera provisional el aumento del salario mínimo para 2026, mientras el alto tribunal define si el decreto original se ajusta o no a la ley.
