El Gobierno nacional ha puesto sobre la mesa una propuesta de ajuste en la tarifa de energía que impactará a usuarios residenciales y empresas en todo el país. La medida, consignada en un borrador de resolución del Ministerio de Minas y Energía, busca cubrir parte de la multimillonaria deuda de Air-e, la empresa prestadora del servicio en la región Caribe intervenida desde septiembre de 2024.
La situación financiera de Air-e, cuya deuda asciende a 2,5 billones de pesos, representa un riesgo sistémico para el sistema eléctrico colombiano. La compañía atiende aproximadamente el 11,4% de la demanda nacional, y su posible insolvencia podría afectar a generadores y transmisores, comprometiendo la estabilidad y continuidad del servicio en todo el territorio.
Para los hogares, el cobro adicional se estima en cerca de 1.200 pesos mensuales, mientras que para las grandes empresas el impacto podría alcanzar hasta 40 millones de pesos al mes. Esta inyección de recursos tiene como objetivo cubrir el 50% de la deuda de los agentes intervenidos.
Como medida transitoria, se plantea un recaudo de 8 pesos por kilovatio-hora, que será incorporado como un cargo adicional en la factura de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional. El Ministerio justifica la urgencia de la intervención como una “circunstancia extraordinaria” para proteger la prestación del servicio público esencial, amparado en los artículos 365 y 370 de la Constitución.
Actualmente, el borrador se encuentra en un periodo de comentarios ciudadanos. Tras este proceso, el Ministerio y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirán si avanzan con la expedición de la norma y las condiciones finales para la aplicación de este cobro extraordinario. La decisión busca blindar el mercado ante la crisis de los comercializadores, cuya cartera vencida sigue creciendo a un ritmo de 140.000 millones mensuales.
