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Tras el éxito de su primera edición en 2025, donde atendió a 14.500 niños y niñas en 11 municipios y generó un diagnóstico social integral, la Brigada Protectora de 2026 evoluciona hacia una intervención más robusta. En esta fase, se priorizará la calidad y el impacto de las acciones por encima de la cobertura, además de fortalecer la articulación interinstitucional y el trabajo en el territorio. Las temáticas cruciales que acoge la estrategia incluyen violencias, consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) a edades tempranas y deserción escolar. Las infancias recibirán la visita de Beecky, la abeja protectora.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, enfatizó que esta entrega subraya el compromiso del alcalde Alejandro Eder con el fortalecimiento de la seguridad en Cali. Según el funcionario, la prioridad es recuperar la capacidad operativa de la Policía y avanzar en la actualización tecnológica, necesaria ante el “nivel de obsolescencias importante en el parque automotor” que existía. Estas acciones buscan mejorar la movilidad, la presencia y la efectividad de la Fuerza Pública en la lucha contra la criminalidad.

La instrucción central es clara: se debe asegurar un seguimiento riguroso y una aplicación impecable de los protocolos existentes, los cuales abarcan la prevención, la atención y la sanción efectiva ante cualquier caso comprobado de acoso sexual o laboral. Esta medida subraya la prioridad de la administración de proteger la dignidad de todos los servidores públicos y contratistas que trabajan por el bienestar de los vallecaucanos.

El proyecto, que se implementará a lo largo de cinco años, tiene la ambiciosa meta de llegar a los 61 municipios no certificados de Nariño. Para lograrlo, el Laboratorio Vivo introduce metodologías activas que priorizan el “aprender haciendo”. Según Carolina Villota, este enfoque busca que el conocimiento se traduzca en herramientas útiles para la vida de los estudiantes.

La dilación en el proceso ha generado preocupación en el Valle del Cauca, pues este es un proyecto en el que se ha trabajado intensamente por cerca de siete años. La comunidad regional y sus líderes demandan acciones concretas y respuestas claras sobre el estado actual del proceso licitatorio, considerándolo una decisión fundamental para el desarrollo de la región.