Durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Cali, el presidente Abelardo de la Espriella anunció dos propuestas para fortalecer la financiación de la justicia. La Corte Suprema advirtió que más de 2.500 empleos estarían en riesgo si no se consiguen recursos adicionales.
Cali fue escenario del XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, denominado ‘Justicia, Sociedad y Democracia’, un espacio que reunió a representantes de las altas cortes y autoridades para analizar los desafíos de la administración de justicia en Colombia.
Durante el encuentro, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se refirió a la financiación de la Rama Judicial y aseguró que su Gobierno no dejará sin recursos a esta institución. En ese sentido, planteó dos alternativas que serán objeto de estudio junto con las autoridades judiciales.
La primera consiste en estudiar la implementación de un arancel judicial que contribuya a financiar la administración de justicia. Sin embargo, el mandatario señaló que esta medida no deberá convertirse en una barrera económica para los ciudadanos que necesiten acudir ante los jueces y tribunales.
La segunda propuesta está relacionada con mantener la exención tributaria que beneficia a determinados funcionarios judiciales, al considerar importante proteger sus condiciones económicas.
El mandatario aseguró que continuará trabajando con la Fiscalía, los órganos de control y las altas cortes para evaluar estas iniciativas y encontrar mecanismos que permitan garantizar la financiación de la justicia en medio de las dificultades económicas del país.
Corte Suprema advierte sobre necesidades presupuestales
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, manifestó que existe receptividad por parte del Gobierno frente a las necesidades presupuestales de la Rama Judicial y confirmó que se están buscando alternativas para garantizar su financiación durante 2027.
De acuerdo con el magistrado, uno de los compromisos es encontrar, antes de finalizar el año, mecanismos que permitan mantener la capacidad actual de funcionamiento de la justicia.
La preocupación radica en que la Rama Judicial necesita al menos $1,5 billones adicionales. Según lo expuesto durante el encuentro, si no se consiguen estos recursos, más de 2.500 funcionarios vinculados a labores de descongestión podrían perder sus empleos a partir de enero de 2027.
El debate sobre la financiación de la justicia pone sobre la mesa la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de los despachos judiciales, la continuidad de los procesos y el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.
El encuentro nacional continuará en Cali este 20 de noviembre, con espacios de reflexión sobre la democracia, los derechos fundamentales y los retos institucionales del país.
