La elección del Contralor Distrital de Cali para el periodo 2026-2029 seguiría generando consecuencias judiciales. La más reciente actuación de la Fiscalía General de la Nación habría reactivado la controversia al citar a audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento a la presidenta del Concejo de Cali, Daniela Plaza, y al concejal Andrés Escobar, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de elección del jefe del control fiscal de la ciudad.
La diligencia estaría programada para el próximo 4 de agosto de 2026 y volvería a poner bajo la lupa un proceso que mantiene a Cali sin un contralor elegido en propiedad y que, además, continuaría siendo objeto de actuaciones judiciales y disciplinarias.
¿Cómo habría comenzado la polémica por la elección del Contralor de Cali?
La controversia se remontaría a 2025, cuando el Concejo de Cali abrió el concurso público de méritos para elegir al nuevo Contralor Distrital. El proceso contó con el acompañamiento técnico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
Sin embargo, luego de conocerse los aspirantes que conformaban la terna, habrían comenzado los cuestionamientos por presuntas irregularidades, advertencias de organismos de control, denuncias sobre posibles presiones políticas y acciones judiciales relacionadas con el desarrollo del concurso.
En marzo de 2026, catorce concejales aprobaron una proposición para revisar integralmente el expediente de la elección y las actuaciones adelantadas durante el proceso. La decisión generaría fuertes críticas entre sectores que consideraban que el concurso ya había superado etapas fundamentales y debía concluir con la elección del nuevo contralor.
El Consejo de Estado habría ordenado retomar el proceso
Las diferencias terminarían trasladándose a los estrados judiciales. El Consejo de Estado habría ordenado continuar con el proceso de elección, designar un contralor encargado y remitir toda la documentación relacionada con el concurso.
Mientras se cumple esa orden, la Contraloría Distrital permanece bajo la dirección de la contralora encargada Luz Arianne Zúñiga Nazareno, designada por el alcalde Alejandro Eder.
La denuncia que habría dado origen a la investigación
La investigación penal se habría originado tras una denuncia presentada por el abogado consultor Eduardo Castillo, quien sostuvo que durante el proceso podrían haberse presentado presuntas interferencias indebidas e incluso posibles amenazas contra algunos concejales.
“El procurador Samuel Arrieta ha sido cuestionado no solamente en este proceso, sino en varios a nivel nacional. A través de medios de comunicación se han advertido curiosas intervenciones fuera de Bogotá”.
— Eduardo Castillo, abogado consultor
Según Castillo, hasta septiembre de 2025 el concurso avanzaba con normalidad, pero posteriormente habrían surgido actuaciones que, a su juicio, terminarían afectando el desarrollo de la elección.
“Los concejales, algunos de ellos que no son abogados, es entendible que se dejaron intimidar por la Procuraduría y que no entendieron razones. En este momento estarían llamados algunos de la mesa directiva a imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento”.
— Eduardo Castillo, abogado consultor
¿Qué significaría una formulación de imputación?
La audiencia de formulación de imputación sería una etapa inicial del proceso penal y no implicaría una condena ni determinaría la responsabilidad penal de las personas investigadas.
Lo que indicaría es que la Fiscalía consideraría que existen elementos suficientes para comunicar formalmente una investigación penal y continuar con el proceso judicial bajo control de un juez.
Además de Daniela Plaza y Andrés Escobar, más de una decena de concejales también serían objeto de distintas investigaciones relacionadas con el proceso de elección, especialmente por las reiteradas inasistencias a sesiones convocadas para elegir al nuevo contralor. Algunos sectores han calificado esa situación como un posible boicot institucional.
Los señalamientos también alcanzarían al alcalde Alejandro Eder
En medio del debate político también habrían surgido cuestionamientos sobre una eventual participación del alcalde Alejandro Eder en la controversia.
El concejal Roberto Ortiz aseguró públicamente que el mandatario habría intervenido para impedir la elección de un candidato que, según él, no sería de su preferencia.
“Aquí el gran culpable de esta situación sería el alcalde Alejandro Eder, quien habría interferido y metido sus narices, supuestamente, para que no se eligiera un contralor que no fuera del gusto de él”.
— Roberto Ortiz, concejal de Cali
Hasta el momento no existiría ninguna decisión judicial que vincule al alcalde Alejandro Eder con hechos irregulares relacionados con este proceso, ni se conocería un anuncio formal de la Fiscalía sobre una investigación penal en su contra por estos hechos.
Un proceso que seguiría sin resolverse
La elección del nuevo Contralor Distrital continuaría sin una definición definitiva, pese a que el Consejo de Estado habría otorgado un plazo de tres meses para culminar el proceso.
Ahora, las nuevas actuaciones de la Fiscalía volverían a poner la atención sobre una elección que, lejos de resolverse, seguiría generando consecuencias judiciales, políticas e institucionales para el Concejo de Cali y para una de las entidades de control más importantes del Distrito.
