La posible contaminación del agua en Cali por mercurio ha escalado a una crisis ambiental en el Concejo, tras exponerse el riesgo que representa la minería ilegal en los Farallones. Esta zona es crucial, ya que de ella se abastecen los ríos Pichindé y Felidia, fuentes vitales para la planta de tratamiento Río Cali, de la cual dependen más de 600 mil habitantes de la zona urbana. Esto ha incrementado la atención sobre un posible impacto en la calidad del recurso hídrico.
Este escenario se conoció durante una reunión que congregó a líderes comunitarios de corregimientos como La Leonera, Los Andes y Pichindé, junto a autoridades locales y representantes del Gobierno Nacional, para analizar las severas consecuencias de la explotación minera ilegal en la montaña. Durante el encuentro, se advirtió que estas actividades ilícitas podrían estar introduciendo contaminantes en el sistema de tratamiento, lo que mantiene la alerta sanitaria por mercurio en el agua.
Ante el grave panorama de contaminación en las fuentes hídricas, la vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño Sanna, solicitó medidas inmediatas. Londoño Sanna pidió la articulación de la Secretaría de Seguridad y Justicia con la Policía y el Ejército para ejecutar operativos que permitan controlar y frenar la minería ilegal que se desarrolla en el Parque Nacional Natural Farallones.
Además, urgió a la Secretaría de Salud a realizar una verificación exhaustiva del estado del agua que llega a la bocatoma de la planta Río Cali. El objetivo es medir los posibles niveles de contaminación y establecer si existe presencia de mercurio. También se solicitó a la Secretaría de Gestión del Riesgo evaluar las condiciones del territorio afectado e impulsar un debate de control político para abordar integralmente la problemática.
Las comunidades afectadas enfatizaron que la minería ilegal no es un problema nuevo, recordando que la situación se presentó previamente en 2018, lo que demuestra una persistencia sin intervención efectiva. Los voceros alertaron que la explotación se extiende desde Jamundí y Pance hasta zonas altas de La Leonera, comprometiendo nacimientos de agua y cuencas claves. Frente a la limitada acción institucional, los habitantes informaron haber presentado solicitudes de intervención a 20 entidades estatales y organismos internacionales el pasado 13 de abril de 2026, con el fin de exigir acciones urgentes. Las comunidades propusieron la creación de mesas de trabajo permanentes para ejercer vigilancia constante, evitar ingresos ilegales al Parque Nacional y reforzar la presencia de la fuerza pública.
