El Valle del Cauca es escenario de un intenso enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro a raíz del incremento en el avalúo de predios rurales. La disputa se originó por la implementación del catastro multipropósito y el consecuente alza del impuesto predial, lo que ha puesto en el centro del debate la propiedad de la tierra y el costo de vida de los habitantes rurales en una de las zonas más productivas del país.
La controversia escaló a través de redes sociales, luego de que la gobernadora Toro anunciara una revisión inmediata a los avalúos para “mitigar la carga económica” sobre el campesinado. Ella sostiene que los aumentos son producto de una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. La gobernadora insiste en la necesidad de ajustar las cargas catastrales para no asfixiar la economía del campo vallecaucano.
La respuesta del Jefe de Estado fue inmediata y tajante. Petro rechazó los argumentos de la gobernadora, acusándola de proteger intereses de élites locales en lugar de a los pequeños productores. “Usted, Dilian, no está defendiendo a los campesinos, usted está defendiendo a los grandes azucareros que monopolizan el uso de la tierra en el Valle del Cauca, y a quienes se han apropiado de la tierra oscuramente”, sentenció el presidente en su cuenta de X. Petro aseguró que estos sectores buscan evitar que los grandes hacendados tributen lo que corresponde, y afirmó que el catastro multipropósito es una herramienta de transparencia que está revelando a los “verdaderos dueños de la tierra”.
Petro profundizó su crítica al vincular la estructura de propiedad rural con la crisis social y de seguridad de varios municipios. Denunció que la concentración de la tierra fértil en manos de “dueños del azúcar poderosos” impide la producción de alimentos y está directamente relacionada con las tasas de homicidios más altas de Colombia y el avance de economías ilícitas.
Finalmente, el presidente subrayó que existe una vía legal para proteger al campesino, recordando que los concejos municipales pueden y deben exonerarlos del impuesto predial. No obstante, enfatizó que a los “grandes hacendados testaferros de la mafia” se les debe cobrar la tasa más alta.
