La Personería Distrital de Cali ha puesto bajo la lupa un controvertido contrato relacionado con la instalación y posterior retiro de separadores viales (taches) en el norte de la ciudad. Este hecho generó un caos de movilidad y levantó serios cuestionamientos sobre la gestión de la Secretaría de Movilidad.
El pasado 27 de enero, la intersección de la avenida 3 Norte con calle 34N se convirtió en el epicentro de un gigantesco trancón. La causa fue la instalación de una serie de taches viales a lo largo de cuatro tramos de la intersección, ubicados frente al monumento de la Solidaridad. La situación de colapso vehicular fue tan crítica que, en un giro aún más polémico, los elementos fueron retirados tan solo tres días después de su colocación, lo que, paradójicamente, devolvió la normalidad al flujo de vehículos. Esta rápida secuencia de instalación y desinstalación es el núcleo de la controversia que hoy investiga el Ministerio Público.
Gerardo Mendoza, personero del distrito, ha manifestado su profunda preocupación y ha solicitado cuentas detalladas a la Secretaría de Movilidad. Subrayó que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, “toda intervención en el espacio público y en la infraestructura vial debe obedecer a una necesidad real, estar técnicamente sustentada y cumplir con los principios de legalidad, planeación, eficiencia y responsabilidad administrativa”. Esta declaración resalta la importancia de la rigurosidad en las decisiones que afectan directamente la vida diaria de los caleños.
El Ministerio Público busca establecer de manera inequívoca por qué se tomó la doble decisión de instalar y, en un tiempo récord, desinstalar los elementos. El foco de la investigación es determinar si dicha actuación estuvo acompañada de los estudios técnicos y las justificaciones objetivas requeridas por la normatividad vigente. La entidad ha anunciado el inicio de una evaluación exhaustiva de las actuaciones adelantadas por los servidores públicos competentes involucrados en el proceso de contratación.
La Personería enfatizó que este órgano de control y vigilancia “evaluará cada una de las actuaciones adelantadas, con el fin de verificar si estas se encuentran ajustadas al marco normativo vigente, si cuentan con los estudios técnicos requeridos y si la decisión de instalar y retirar dichos elementos respondió a criterios objetivos y debidamente justificados”. La polémica no solo impacta la seguridad vial y el uso del espacio público en un punto neurálgico de Cali, sino que también pone en entredicho la eficiencia administrativa y el posible uso ineficiente de recursos públicos en una ciudad que enfrenta apremiantes desafíos en materia de infraestructura y gestión de tráfico.
