La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las medidas de seguridad adoptadas en la frontera con Venezuela no se limiten únicamente a la zona limítrofe, sino que se extiendan a todo el territorio nacional, con el fin de evitar que estructuras criminales se fortalezcan en regiones como el suroccidente colombiano.
La mandataria sostuvo que la situación que hoy genera preocupación en la frontera oriental del país tiene un impacto directo en la seguridad nacional, y advirtió que, de no existir una estrategia integral, los grupos ilegales podrían replegarse hacia otras zonas del país donde ya tienen presencia.
“Evitar que se replique un Catatumbo”
En su pronunciamiento, Toro insistió en que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la zona limítrofe son “necesarias y oportunas”, pero recalcó que es clave que estas acciones se amplíen para evitar escenarios de expansión criminal en otras regiones.
“Es clave que estas acciones se extiendan a todo el territorio nacional evitando que se repliquen situaciones como la del Catatumbo: en regiones como el suroccidente también operan estructuras criminales que reciben órdenes desde Venezuela y que aprovechan cualquier vacío para fortalecerse”, señaló.
Impacto directo en la seguridad regional
La gobernadora advirtió que lo que ocurre en Venezuela tiene efectos directos en Colombia, particularmente en materia de seguridad, por lo que pidió que las acciones del Estado se orienten a contener y debilitar a esos grupos, evitando que encuentren nuevas oportunidades de fortalecimiento y expansión hacia el suroccidente y otras regiones del país.
“Porque lo que ocurre en Venezuela tiene impacto directo en nuestra seguridad: por eso, estas medidas deben servir para contener y debilitar a esos grupos, no para que encuentren nuevas oportunidades de fortalecerse y afectar al suroccidente y a otras regiones del país”, afirmó.
Llamado a coordinación nacional
Finalmente, Toro subrayó que la prioridad debe ser una respuesta coordinada del Estado para proteger a la ciudadanía y evitar que las dinámicas del crimen transnacional se traduzcan en nuevas amenazas internas.
“La prioridad debe ser una: actuar con coordinación y proteger la tranquilidad de los colombianos”, concluyó.
